La Asociación Venezolana de Juristas (AVJ), organización conformada por abogados y abogadas de diversas especialidades en materia jurídica, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, de los valores democráticos y el respeto de las normativas internacionales, hacemos público nuestro categórico rechazo a la decisión judicial que dictara una Corte británica, que pretende apropiarse de las reservas internacionales en oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra.
Esta decisión del Tribunal de Primera Instancia en el Reino Unido se fundamenta en una ficción y un supuesto que no está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se reconoce al señor Guaidó como presunto Presidente Interino de Venezuela, desconociendo al Presidente Nicolás Maduro, electo constitucionalmente por el pueblo venezolano.
Además, se desconocen sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en las que se declaró la nulidad por inconstitucionalidad del “Estatuto para la Transición” y el nombramiento de la “Junta Directiva Ad Hoc del Banco Central de Venezuela”, por ser contrario a derecho.
Nos preocupa que esta decisión pueda sentar un precedente que provoque gran inseguridad jurídica, ya que aun cuando se circunscriba a Venezuela, podría generar criterios jurídicos que se apliquen a cualquier otro gobierno que sea desconocido unilateralmente por el Reino Unido.
También queremos señalar lo manifestado en el Informe en su visita a Venezuela de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, sobre el Impacto Negativo de las Medidas Coercitivas en los Derechos Humanos, en el cual recordó a todas las partes su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales.
Por lo antes expuesto, la Asociación Venezolana de Juristas, exige que se revoque la decisión del Tribunal de Primera Instancia en el Reino Unido dictada en contravención del marco constitucional y legal de Venezuela y de las normativas internacionales que rigen esta materia.