La Asociación Venezolana de Juristas (AVJ), presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, un Informe Alternativo sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por el Estado peruano, en el marco de la 137º sesión a realizarse del 27 de febrero al 24 de marzo del 2023, donde se examinará a la República del Perú.
Esta contribución enviada al órgano del Tratado es una iniciativa de las asociaciones y ramas nacionales afiliadas a la Asociación Americana de Juristas, de la cual la AVJ forma parte de su Consejo Consultivo. Es importante destacar que este informe ayudará a visibilizar las graves vulneraciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Perú que, desde el pasado mes de diciembre, se encuentra atravesando una serie de manifestaciones y protestas ante el golpe de Estado perpetrado contra el expresidente Pedro Castillo.
Hasta el momento, se contabilizan más de 60 personas fallecidas y centenares de heridos en manifestaciones que han sido fuertemente reprimidas por las fuerzas policiales y militares, violando los estándares de uso proporcional y diferenciado de la fuerza. Asimismo, urgimos al Comité a investigar los hechos violentos ocurridos a raíz del desalojo de manifestantes en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima; que cesen las detenciones masivas por parte del Estado peruano y garantizar el derecho a la libertad de expresión y a reunirse pacíficamente.
La Asociación Venezolana de Juristas nota con preocupación la instrumentalización de la justicia para incriminar o inhabilitar a políticos, líderes y movimientos sociales, como una práctica del Estado para acallar voces de lucha y disidencia. Tal como ha sido el caso en otros países de América Latina, se ha practicado lawfare a presidentes y líderes para detener agendas progresistas.
Por último, la AVJ señaló la situación que enfrentan las personas migrantes venezolanas en situación irregular en el territorio peruano, debido a las multas que les han impuesto por problemas con su regularización. Miles de personas venezolanas en Perú fueron sancionadas por la Superintendencia Nacional de Migraciones, bien por exceso de permanencia o por no renovar la residencia antes de la fecha de vencimiento, estando sujetos a multas que se incrementan diariamente y que no les permiten realizar ningún tipo de trámite que implique presentación de documento de identidad, tales como transacciones bancarias, trabajos formales, corriendo el riesgo de ser deportadas.