El 12 de septiembre de 2024 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro designó a 16 funcionarios venezolanos, en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas («Lista SDN»). La reciente designación de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de un diputado de la Asamblea Nacional, jueces del Poder Judicial, funcionarios del Ministerio Público, y oficiales de la FANB y cuerpos de seguridad, se producen bajo las disposiciones de la Orden Ejecutiva 13.692, que declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.”[1]
A casi 10 años de la emisión de la O.E. Nº13.692, comúnmente conocida como el «Decreto Obama», el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha sancionado a más de 140 personas, por tener responsabilidades en instituciones del Estado o tener vínculos con el Gobierno Bolivariano, y más de 100 entidades y compañías venezolanas. Cabe destacar que las recientes medidas se producen en un contexto donde se han realizado acciones golpistas por grupos nacionales y actores internacionales luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, dejando en evidencia la clara injerencia de EE. UU., en los asuntos internos de nuestro país.
El programa sancionatorio contra Venezuela se basa en la aplicación extraterritorial de leyes como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) y la Ley de Emergencia Nacional (NEA) de 1976, que otorga al presidente de EE.UU., la capacidad de decretar emergencias nacionales. En el caso del bloqueo contra la República Bolivariana de Venezuela, se han emitido decretos presidenciales por, paradójicamente, representar una supuesta amenaza en los ámbitos de seguridad nacional y política exterior. En este sentido, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) administra y refuerza la política sancionatoria designando a individuos y compañías en listados de entidades sancionadas, reforzando el cumplimiento de sanciones económicas y comerciales, y, emitiendo licencias generales y específicas sobre ciertas transacciones que de otro modo estarían prohibidas.
Mientras algunos académicos y artífices de las sanciones expresan que no existe evidencia directa de que las sanciones a autoridades y oficiales venezolanos afecten asuntos gubernamentales y que las «sanciones inteligentes» se diseñan para no interferir con la capacidad para llevar a cabo actividades necesarias para el funcionamiento de los Estados que representan, la Asociación Venezolana de Juristas no concuerda con este planteamiento. A pesar de que la OFAC ha afirmado que estas designaciones no incluyen tratar con personas especialmente designadas en su capacidad oficial, la capacidad de las autoridades sancionadas sí se ve afectada ya que han ocurrido por razones estrictamente políticas.
En esta oportunidad, los representantes de la administración Biden-Harris alegan que la reciente inclusión de otras 16 autoridades venezolanas en la lista de sancionados de la OFAC se produce debido a que “impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos, así como a los funcionarios militares, de inteligencia y gubernamentales responsables de intensificar la represión a través de la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura.”[2] Aunado a esto, los voceros del Departamento de Estado han admitido que, en virtud de la Proclamación Presidencial 9931, casi 2.000 personas han sido objeto de restricciones de visado.
La Asociación Venezolana de Juristas ha denunciado el efecto devastador que ha tenido el bloqueo en la economía, produciendo hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y el deterioro de los servicios públicos, así como sobre los derechos humanos y el derecho al desarrollo del pueblo venezolano. Por ello, un elemento clave de análisis gira en torno a la aplicación del principio de extraterritorialidad de las leyes aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos, así como en los fallos de tribunales estadounidenses, los decretos presidenciales y otras medidas en los gobiernos de Obama, Trump y Biden, se ejecuta a través de su brazo administrativo: la OFAC.
Sin embargo, la AVJ se ha dedicado a estudiar las repercusiones de las medidas coercitivas unilaterales y las sanciones a individuos en otras esferas. Las MCU han producido un aislamiento internacional que ha limitado la cooperación con otros países, los intentos por eludir las sanciones y cercos comerciales han encarecido y dificultado operaciones, mientras que los mecanismos alternativos de comercio y financiamiento, también han sido blanco de sanciones. Los ataques no han estado dirigidos únicamente al sector petrolero, ya que la explotación del oro, la creación de criptomonedas y acuerdos con países aliados para sortear las restricciones impuestas por EE.UU. y otros países, han recibido incesantes golpes en los últimos 9 años de bloqueo.
Las supuestas sanciones inteligentes o sanciones específicas, a funcionarios gubernamentales y militares tienen un alcance mayor y menos delimitado de lo que comúnmente se expresa. En tanto la OFAC alega que “el objetivo último no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento”, la imposición de medidas coercitivas unilaterales busca producir un cambio de gobierno y modelo político, económico y social. En este sentido, las sanciones responden a una lógica arbitraria, unilateral y violatoria de los principios del Derecho Internacional, que EE. UU., aplica de manera discrecional por motivos políticos. Un claro ejemplo de la injerencia en asuntos internos de Venezuela trata sobre la designación, desde el año 2017, de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ha ocurrido por razones políticas y no por su vinculación real en asuntos fuera de la ley, es un intento de empañar la imagen y justiciabilidad del Sistema de Justicia venezolano. Las sanciones a autoridades del Poder Judicial diezman las posibilidades de establecer convenios interinstitucionales, oportunidades de actualización y procesos de capacitación e intercambio de experiencias con instituciones judiciales de otros países.
[1] Executive Order 13692 of March 8, 2015. “Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela.” Disponible en: https://home.treasury.gov/system/files/126/13692.pdf
[2] Press Releases. Treasury Targets Venezuelan Officials Aligned with Nicolas Maduro in Response to Electoral Fraud, disponible en: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2577