La Asociación Venezolana de Juristas (AVJ), presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Informe Alternativo sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias.
Estas contribuciones, tanto el informe alternativo como la lista de cuestiones, enviadas por la AVJ son aportes sustanciales porque promueven la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de examen y revisión de los Estados.
El primer documento es el concerniente a la Lista de Cuestiones previa a la presentación del informe de la República Bolivariana de Venezuela, enviado al Comité de Derechos Humanos, en el marco de la 136º sesión del Comité, a realizarse del 10 de octubre al 4 de noviembre de 2022. El Comité de Derechos Humanos examina la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como sus protocolos facultativos.
El segundo documento corresponde al Informe Alternativo sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, enviado al Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en el marco del 35° período de sesiones, a realizarse en Ginebra, Suiza, del 19 al 30 de septiembre de 2022, donde se examinará el informe inicial de la República Bolivariana de Venezuela.
La AVJ manifestó que ambos Comités son Órganos de Tratados de la Organización de las Naciones Unidas, los cuales supervisan la aplicación de los principales Tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sobre la base del marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la AVJ presentó una lista de recomendaciones sobre el tema migratorio y, derechos civiles y políticos:
- Activar la Comisión Nacional de Migraciones contemplada en la Ley de Migración.
- Continuar la política de reciprocidad con los países que han establecido mecanismos adicionales a la gestión y control fronterizo y migratorio, así como el retorno seguro al país, a quien así lo solicite.
- Garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil con experiencia en la materia, en las consultas sobre el diseño de los planes y programas de reintegración social de los trabajadores migrantes venezolanos y sus familiares que han retornado al país, a través del Plan Vuelta a la Patria o por sus propios medios.
En el informe también se recomienda solicitar al Comité que evalúe recomendar a otros Estados Partes para así garantizar los derechos de los migrantes de Venezuela en sus respectivos territorios e investigar las violaciones de los derechos humanos o los abusos cometidos contra ellos, en especial los actos de discriminación por origen nacional, xenofobia, trata de personas, trabajos forzosos y otras formas contemporáneas de esclavitud.
Por último, ambos informes instan a “levantar las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra la República Bolivariana de Venezuela, así como cualquier otra amenaza o sanción de carácter extraterritorial contra terceros países, empresas privadas y organizaciones que obstaculicen, restrinjan o vulneren los derechos de los trabajadores migrantes venezolanos y sus familiares”.